Bahoruco: Denuncian que más de 1000 adolescentes y jóvenes están en apatridia‏.-

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DIARIO VISION.-Bahoruco.-El Movimiento Dominicano por Derecho de la región Enriquillo denunció hoy, que a dos años de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, más de 1000 adolescentes y jóvenes de los bateyes del Sur permanecen sin un documento de identidad.

Durante una vigilia realizada en el cruce de Batey 4, provincia Bahoruco, la multitud de afectados y sus familiares dijeron que aun son miles los dominicanos de ascendencia haitiana que permanecen en estado de apatridia.

«Miles de dominicanos/as de la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperon siguen indocumentados y otros sin acceso a los documentos que le permitan disfrutar el derecho a la educación, salud, viajar, trabajar, etc. Decenas de mujeres se ven imposibilitado en registrar sus hijos/as y con ello tener  su carnet de senasa», expresó la abogada Berenice Anderson Matos miembro del movimiento.

«Más de 500 adolescentes y jóvenes aun permanecen sin un registro civil y estando en condiciones de apátridas en las comunidades de los bateyes. centenares que tiene actas de nacimiento tiene pendiente recibir su cedula de identidad, decenas de jóvenes que teniendo sus actas y cedulas no le permiten acceder a un pasaporte y con ello frustran sus aspiraciones de buscar oportunidades de empleo y estudio en tierra lejana por que el suyo no se lo concede», añadió.

Denunció que la Junta Central Electoral mintió cuando publicó el lista con 119 cédulas canceladas porque sólo en los bateyes han identificado 40 personas en esa situación pero estas no aparecen en el listado divulgado por la JCE.

Dijo que otra de las mentiras de la Junta Central Electoral fue la publicación de 55 mil personas cuyo derechos le han sido restituido, cuando «en nuestras comunidades más de 400 personas cuyos nombres no aparecen en la lista confrontan problema de acceso a sus documentos».

«Nuestra población está cansada de mentiras y hace un llamado a la clase política a honrar el compromiso de restitución de derecho establecido en la ley 169-14. La clase política debe garantizar el derecho Constitucional de nuestra población y cumplir con la palabra empeñada».

«Demandamos una República Dominicana libre de apatridia, respecto a la nacionalidad y sin discriminación», agregó.

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